Recibimos de la Comisión Directiva de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU). Un grave accidente en Luis Alberto de Herrera y Burgues expone la vulnerabilidad de las personas con discapacidad visual.

Un grave incidente ocurrido recientemente ha encendido las alarmas sobre la desprotección que sufren las personas con discapacidad visual en la vía pública y la alarmante ineficiencia de los protocolos de emergencia estatal.

Un trabajador ciego que salía de su jornada laboral en el Centro de rehabilitación Tiburcio Cachón, fue víctima de un accidente provocado por una motocicleta estacionada en la vereda de forma transversal tal que obstaculizaba el paso. Su bastón de rastreo se enganchó en la parte inferior del vehículo (que se encontraba inclinado), lo que provocó que tropezara y cayera sobre la moto, quemándose la pierna, y un fuerte traumatismo craneal tras golpear su cabeza contra una pared, lo que le provocó una hemorragia en la cabeza.

La gravedad del accidente físico se vio agravada por la respuesta humana e institucional:

El dueño del vehículo, lejos de prestar auxilio, protagonizó una discusión con la víctima, negándose a aceptar su responsabilidad por el mal posicionamiento de la moto.

Luego contactó al servicio 911 en cinco oportunidades. A pesar de su estado de vulnerabilidad y la pérdida visible de sangre, la ayuda nunca llegó. Tras más de una hora de espera y sin respuesta, el afectado tuvo que abandonar la escena por sus propios medios.

Al intentar contactar al servicio de emergencia (ASSE), la respuesta fue una nueva derivación al 911, cerrando un círculo de ineficiencia que dejó a un ciudadano herido a su suerte en la calle.

Finalmente, fue gracias a la voluntad propia y la ayuda de un taxista que pudo llegar al hospital, donde recibió los puntos de sutura y las curaciones necesarias.

Este hecho no es un evento aislado, sino el reflejo de la invisibilidad que enfrentan las personas con discapacidad visual ante la falta de ordenamiento urbano y la inoperancia de los servicios que deberían garantizar su seguridad.

Exigimos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y que se fomente una mayor conciencia ciudadana sobre el respeto a los espacios de circulación peatonal.

A todo esto, en noviembre del 2025, la UNCU presentó ante la Secretaría de Discapacidad de la intendencia de Montevideo un documento en donde se listan este tipo de obstáculos cada vez más habituales en la vía pública y que, no solo dificultan nuestra movilidad, sino que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Con eso solicitamos apoyo para que la intendencia y sus respectivas dependencias tomen conocimiento y actúen, entre otras cosas, fiscalizando todo aquello que ya está regulado y no se cumple. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a dicha solicitud.

Saludos cordiales.

Comisión Directiva de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU)

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