Una investigación coordinada entre la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, la Fiscalía Departamental de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado permitió desarticular una red que obtenía información reservada sobre víctimas de siniestros de tránsito para gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).
La maniobra habría generado un movimiento económico estimado en aproximadamente un millón de dólares. Según informó la Fiscalía General de la Nación, funcionarios públicos accedían a datos personales de personas accidentadas, incluidas fotografías de sus lesiones, y entregaban esa información a abogados o intermediarios a cambio de dinero. Los datos eran utilizados posteriormente para contactar a las víctimas.
Diez personas fueron condenadas mediante procesos abreviados a penas de entre dos años, y tres años y tres meses de penitenciaría. También recibieron multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables. En el caso de los funcionarios públicos, se dispuso además su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período de la condena.
Los condenados fueron responsabilizados por asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada. Dos también fueron condenados por acceso ilícito a datos informáticos y uno de ellos por amenazas.