El episodio de extrema crueldad, que conmovió a Paysandú, tuvo resolución judicial en los últimos días. La responsable de haber decapitado a una perra y dejado su cabeza en la puerta del trabajo del dueño fue identificada como una mujer de 31 años, quien resultó condenada, aunque no irá a prisión.
La Justicia le imputó un delito de violencia privada especialmente agravada. Como resultado, se le impusieron cinco meses de pena bajo régimen de libertad a prueba, sujeta a "diferentes obligaciones", según señala el parte oficial.
El caso generó fuerte repercusión en redes sociales, especialmente tras la difusión del informe forense por parte de la ONG Amigos de los Animales. El veterinario Fernando Nan, encargado del examen de los restos, concluyó que el animal tenía entre tres y cinco años y que fue decapitado mientras aún estaba con vida. "Mediante la exploración se logra deducir que la muerte del animal fue ocasionada por este corte, que lo lleva a la pérdida completa de sangre e interrupción anatómica y funcional de su sistema nervioso", detalló el profesional.
Desde la organización afirmaron que "esto no es sólo maltrato animal", y remarcaron que se trata de "un acto de violencia, de crueldad absoluta", subrayando la necesidad de avanzar en medidas más firmes frente a este tipo de delitos.
MACABRO ATAQUE CONTRA LA MASCOTA
Una perra fue decapitada viva en Paysandú y su cabeza colocada frente al trabajo de su cuidador, en un acto que ha sido catalogado como una manifestación de violencia extrema y deliberada.
La brutalidad del hecho, denunciado formalmente, motivó un fuerte repudio social y la reacción inmediata de organizaciones defensoras de los animales.
La Plataforma Animalista informó que el animal desapareció mientras su dueño se encontraba ausente. Tres días después, la cabeza fue dejada a modo de amenaza. El cuerpo no fue encontrado. El examen forense determinó que la decapitación ocurrió cuando el animal aún estaba con vida, produciendo un colapso total de sus funciones vitales.
"No presenta rigor mortis", señala el informe, descartando que la muerte ocurriera antes de la mutilación. Se trata de una perra mestiza, con características similares a las del Border Collie, de entre 3 y 5 años, que no contaba con chip identificatorio.
Karina Kokar, referente de la organización, advirtió: "El dolor de esta familia es desgarrador, pero el mensaje que se envía a toda la sociedad si no hay justicia es aún peor". La entidad calificó el hecho como intencional, cruel y con indicios de conflicto personal. Las pruebas ya fueron entregadas a la Policía.
Además, se reclamó la actuación urgente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para que el caso no quede impune y se refuercen las medidas de protección hacia los animales en el país.